Gobierno vs Suprema Corte: enfrentados por el Padrón de Telefonía Móvil

Publicado por ANA LUISA GUTIERREZ - 2022-04-25 11:31:43

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Anular el Panaut garantizaría el resguardo de los datos personales de 129.8 millones de usuarios que hoy tienen una línea telefónica. No hacerlo podría dar paso a un alza en la extorsión telefónica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará este lunes el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández que propone declarar la invalidez total del decreto que crea al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).  

El padrón entró en vigor el 16 de abril de 2021 tras la publicación de la reforma a la  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  en el Diario Oficial de la Federación ; sin embargo, su puesta en marcha fue frenada luego de que varias instancias promovieron acciones de inconstitucionalidad. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lo hizo en mayo de 2021. También el IFT emprendió otra acción de inconstitucionalidad al argumentar que crear un Padrón de Telefonía contraviene con sus facultades de regulador, que es procurar el acceso a los servicios de telecomunicaciones.  

La SCJN otorgó una suspensión provisional al IFT para no llevar a cabo las medidas necesarias para crear el Padrón de Telefonía. Pero el gobierno federal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, impugnó la suspensión luego de que las medidas cautelares contra el Panaut paralizaron las acciones necesarias para que el IFT tuviera que cumplir con la instalación y operación del registro.

Para la ministra Piña Hernández, el Panaut generará afectaciones a la privacidad de datos de los usuarios, toda vez que el proyecto no cuenta con una evaluación de impacto en la protección de la información de los consumidores. “No haber cumplido con esta exigencia somete a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales a un riesgo que no puede ser avalado”, sentencia la ministra en el proyecto.


¿Qué es el Panaut?

Mario Delgado, diputado por Morena, presentó en diciembre de 2020 una iniciativa en la Cámara de Diputados para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). El proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones fue aprobado por la cámara baja el 10 de diciembre del mismo año con 392 votos a favor, 44 en contra y nueve abstenciones.​

El 13 de abril de 2021, el Senado presentó en lo general la creación del padrón, con el objetivo de recabar los datos de todas las personas que cuenten con una línea de telefonía móvil, incluyendo la recolección de datos biométricos.

¿Qué datos personales tendrá el Panaut?

En caso de que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que dio paso a la creación del Panaut no se declare inconstitucional, el titular de la línea deberá registrar datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris, clave Única de Registro de Población (CURP) , indicar si la línea fue contratada en la modalidad de prepago o pospago y proporcionar datos sobre nacionalidad en caso de ser extranjero. Los usuarios que se opongan a dar dicha información verán canceladas en sus líneas telefónicas móviles automáticamente.

La invalidación del Panaut por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizaría el resguardo de la información de 129.8 millones de usuarios que actualmente tienen una línea telefónica.

¿Qué riesgos hay con el Panaut?

La principal preocupación sobre el Panaut es que se convierte en el extinto Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut) , cuyo teléfono vio la luz durante la administración de Felipe Calderón. Con el Renaut la extorsión incrementó 40% , ya que los datos de los usuarios se vendieron en el mercado negro en 500 pesos. El Registro fue eliminado en 2011.  

Además, se teme que el Panaut se convierta en un nuevo mercado de tráfico de tarjetas SIM para el crimen organizado, pues las podrán importar desde Estados Unidos en donde no existe este padrón.  

La iniciativa de crear el Panaut impulsó a organizaciones civiles, como Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el INAI ya los propios usuarios a emprender recursos legales para impedir que se desarrolle una base de datos de los consumidores.

La organización civil R3D creó una plataforma para que los ciudadanos pudieran generar una demanda de amparo para defenderse del Panaut que logró documentar alrededor de 3,000 demandas. “Pero todos los días nos notifican más. Es algo bastante irregular. Normalmente, en cuestión de días de presentada la demanda se nos notifica la admisión o desechamiento. Estamos a casi un año de la presentación de las demandas y nos siguen llegando notificaciones. De la plataforma se descargaron alrededor de 15,000 demandas pero es incierto cuantas se presentaron”, asegura Luis Fernando García, director general de R3D.

¿Quiénes crearán y vigilarán al Panaut?

De no declarase como inconstitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá crear y gestionar el Padrón de Telefonía. Telcel, AT&T, Telefónica, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) e incluso los pequeños concesionarios estarán obligados a generar una base de datos con la información de todos sus usuarios, la cual posteriormente deberán entregar al órgano regulador de telecomunicaciones.

De acuerdo con el IFT, crear el Panaut requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación, mientras que para los años subsecuentes –restando las inversiones iniciales– necesitará 88 millones de pesos. Sin embargo, el Instituto no está facultado ni técnica ni financieramente para crear un registro.

Los operadores de telefonía como Telcel, AT&T o Telefónica quedarán sujetos a multas que irán de los 1,792 hasta los 4,481 pesos por registrar extemporáneamente las líneas telefónicas. Mientras que por no registrar una línea telefónica o por no actualizar el Padrón las compañías deberán pagar de 44,810 pesos hasta 89,620 pesos.

Por hacer uso indebido de la base de datos, las empresas serían sancionados por 896,200 pesos hasta 1,344,300 pesos.